Nota de: Jesús Vázquez y Jorge Monroy | El Economista

Cancún, QRoo.-Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública son ya las encargadas del Tramo 5 sur del Tren Maya y son las que decidieron hacer valer la condición de seguridad nacional del proyecto para reanudar las obras detenidas desde mayo pasado por un amparo de grupos ambientalistas.

Así lo dio a conocer Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante una entrevista en Palacio Nacional, tras acudir a la ceremonia por el 150 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez.

“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria. En la sesión determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, expuso el funcionario. 

Aseguró además que no se violenta ningún amparo. “No es Fonatur quien está llevando la obra, sino la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

El funcionario indicó que esta decisión del Gobierno del presidente López Obrador no excluye que siga recurriendo por la vía legal los amparos que se han promovido, así como la decisión del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Novelo, quien concedió una suspensión definitiva para que el gobierno federal detuviera la construcción del Tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum.

Javier May refirió que el amparo definitivo concedido por dicho juez fue impugnado por el gobierno, quien presentará pruebas y las manifestaciones de impacto ambiental con el propósito de lograr que se levante la suspensión definitiva .

“Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos, que determine el juez, estamos esperando que nos vuelvan a signar la audiencia, se ha diferido varias veces, ya aportamos para los alegatos», dijo May.

Desde el pasado 13 de julio grupos ambientalistas denunciaron el movimiento de maquinaria y de trabajadores en el Tramo 5 sur del Tren Maya por tratarse de una violación del amparo 884/2022 al que le fue otorgada la suspensión definitiva de las obras.

Protesta de Greenpeace en la zona

Greenpeace incluso se manifestó este lunes en la brecha de selva donde se realiza el desmonte de selva para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga los trabajos.

“Greenpeace investigó en campo y constató las denuncias hechas anteriormente: existe maquinaria operando. Esto significa que la ley no se cumplió desde el inicio de la obra y sigue sin cumplirse, ya que no se han concluido los procesos judiciales que se deben seguir tras las suspensiones”, mencionó. 

Reiteró que la construcción del Tramo 5 “devasta el ecosistema, y afecta la biodiversidad de manera irreversible a través de la deforestación; la pérdida de hábitat; la fragmentación del ecosistema y el desplazamiento de especies de flora y fauna en peligro (especies incluidas en la NOM-059); así como el impacto negativo en este acuífero de importancia global, el sistema de cuevas inundadas y semi-inundadas más grande del mundo y que impactará en la disponibilidad de agua en la región”.

Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a detener de inmediato las obras debido a que continúa violando la ley y los acuerdos internacionales.

“Las suspensiones judiciales no se han levantado y, sin embargo, Fonatur decidió continuar con las obras, violando la ley y deforestando nuevamente la Selva Maya de manera ilegal. Desde el inicio, Fonatur no ha cumplido a cabalidad con el proceso mandatado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”, expuso la activista.

Cabe destacar que la construcción del Tramo 5 comenzó antes de que el gobierno federal presentara la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), el documento técnico que se evalúa previo al inicio de las obras para determinar el impacto ambiental que tendrá un proyecto.

“Al haber realizado un desmonte de vegetación forestal previo a obtener las autorizaciones respectivas, Fonatur ha incumplido con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley de Equilibrio Ecológico. Además, según un análisis  técnico de la MIA-R realizado por Greenpeace, ésta fue presentada con imprecisiones, falsedades y omisiones graves que ponen en grave riesgo la biodiversidad y a los sistemas kársticos en la región. Es importante recordar que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) no deben ser vistas únicamente como un trámite, estos estudios nos permiten ejercer el derecho a la información, para poder conocer cómo una obra o un mega proyecto impactará en la vida de las personas y en el medio ambiente. Las MIAs permiten que las personas podamos formar parte de las decisiones respecto a nuestros territorios y decidir si queremos o no un proyecto o cualquier obra de infraestructura”, mencionó.

“No se puede permitir el avance de un proyecto que, a todas luces, continúa ignorando la ley. Es inadmisible que con la bandera de progreso se pase por encima de los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la información, a la libre determinación y al agua”, añadió.

El Gobierno federal recurrió a una acción diferente para continuar una obra prioritaria, ya que en noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que designó a todas las obras de infraestructura de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya y el Tren Transístmico, como asuntos de interés público y de seguridad nacional, así como cualquier proyecto que se considere prioritario para el desarrollo de México.

Esta vez se recurrió a una declaratoria en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que es una instancia deliberativa encabezada por la o el titular del Ejecutivo Federal, cuya finalidad consiste en establecer y articular las acciones y políticas en materia de seguridad nacional, y está integrada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien funge como Secretaria Ejecutiva, además de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Fiscalía General de la República, y el director del Centro Nacional de Inteligencia.

Greenpeace México sostuvo que la biodiversidad y el agua son los bienes más importantes con los que cuenta nuestro país, y por ello llamó a proteger el ecosistema donde habita el jaguar, el coatí, el puma, entre muchas otras especies.

Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, cuestionó que el gobierno federal haya recurrido nuevamente a una declaratoria de seguridad nacional para proteger sus proyectos prioritarios, sin que los organismos autónomos como el Poder Judicial de la Federal, validen sus acciones.

La llamada “seguridad nacional” es la justificación del actuar gubernamental. También de los órganos que, debiendo controlarlo, validan sus acciones.  Muy peligroso proceder.

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