Ley para sancionar abusos y tener un mayor control en el endeudamiento estatal es deficiente.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado presentó un punto de acuerdo en el que se afirma que la reforma al artículo 12 de la Constitución local, que permite la privatización del agua, no quita la facultad a los municipios de administrar el servicio público del vital líquido.

En el último punto de la orden del día, el secretario de la mesa directiva, Sergio Moreno Valle, dio lectura al acuerdo en el que destaca que la reforma a la Constitución local en materia de derecho humano al agua, tiene por objetivo armonizar la misma con la Constitución federal y carece de toda intención privatizadora.

Luego de la lectura y antes de que fuera aprobada por unanimidad, el diputado Julián Peña Hidalgo, aseguró que la reforma en Puebla no se armonizó por completo con la Constitución mexicana.

Y es que en la modificación que hizo el Congreso de Puebla se estipula que “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Mientras que en la Constitución federal se establece que el Estado, las entidades federativas, los ayuntamientos, y la ciudadanía regularán las bases.

“Si nos damos cuenta, en la reforma que se presentó en Puebla es insuficiente porque no se establece la participación que tienen los otros niveles de gobierno. Me parece que faltó establecer, como lo establece la federal, que la Federación, estados y municipios tienen participación. Así como está se deja sospecha y se presta a estas situaciones que hoy estamos viendo”,

dijo el diputado recién afiliado al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero que ante el Congreso permanece como independiente.

Agregó que aunque la reforma avalada por los diputados hace casi dos meses no tenga el ánimo de privatizar, eso no significa que existan posibilidades de hacerlo en un futuro próximo.

Por eso consideró que en el punto de acuerdo, pero sobre todo en la Constitución del estado, se debe aclarar que el agua la pueden regular la ciudadanía y no sólo el Estado, pues existen municipios en los cuales los pobladores se organizan de forma independiente para manejar el servicio del líquido.

“Lejos de exhortar a las autoridades, lo mejor, lo más aceptable, tendría que ser reformar la Constitución nuevamente, estableciendo perfectamente la participación de los municipios para evitar cualquier suspicacia. También se debe incluir a la ciudadanía, como la propia ley federal lo establece, en algunos municipios todavía la ciudadanía se organiza en comités de agua”,

recordó Peña Hidalgo.

Consideró que un exhorto a los ayuntamientos, como lo planteó el punto de acuerdo, resulta insuficiente, pues el Congreso debe hacer su trabajo y legislar, para volver a reformar el artículo 12 e incluir la participación de los municipios y la ciudadanía, para entonces no dejar ninguna duda.

Después de una serie de intervenciones, los diputados avalaron un exhorto con el que se enviará un documento a los ayuntamientos resaltando que los artículos que hablan acerca de las atribuciones de los municipios “no han sido reformados y siguen previendo que los ayuntamientos tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.

De acuerdo con el punto de acuerdo, “se hará del conocimiento de los 217 municipios que la reforma a la Constitución local en materia de derecho humano al agua es con el objeto de armonizar la misma con la Constitución federal”.

Asimismo, explicarán a los cabildos que la reforma no tiene “ningún ánimo o elemento privatizador, sino por el contrario que toda persona tenga derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

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