Nuevas alzas en la tarifa podría generar la propuesta de Aguas Andinas para evitar el corte del suministro en la Región. Desde organizaciones civiles señalaron que antes de cualquier medida se deben conocer las razones que gatillan la turbiedad del agua.

Según algunas estimaciones, el plan de seguridad que propuso Aguas Andinas para evitar el corte del suministro en la Región Metropolitana podría tener como consecuencia alzas de hasta un 6 por ciento en las tarifas. El objetivo de las obras es aumentar de 32 a 48 horas la autonomía del servicio ante contingencias, como la turbiedad del agua.

El  proyecto contempla tres fases, de las cuales, la primera, que implicó un costó de 74 millones de dólares, se encuentra operando desde el 2014. Mientras que la segunda, que debería asegurar 32 horas de autonomía hídrica en caso de emergencia, se encuentra en evaluación ambiental.

En tanto, la tercera parte del plan, que corresponde a un proyecto de repotabilización de aguas tratadas sería la más costosa de todas, ya que consideraría una inversión en torno a los 500 millones de dólares, razón por la cual el incremento de tarifas podría bordear el 6 por ciento.

En la junta de accionistas de la compañía, Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, explicó que hasta el momento no es posible anticipar cifras sobre el alza. Sin embargo, comentó que la inversión de 90 millones de dólares que se hará en la fase dos, podría generar un aumento de un 1,1 por ciento en las tarifas.

De acuerdo a las estimaciones realizadas, se calcula que de cada 100 millones de dólares de inversión, aumenta en un uno por ciento la tarifa.

Respecto de este posible costo que deberán asumir los casi dos millones de clientes que tiene la sanitaria, Felipe Tapia, abogado y representante de la Fundación Newenko, señaló que en primer lugar es importante mencionar que no existe transparencia en la cuenta de agua. “Muchos de esos cobros que aparecen en la boleta son por mantención y por temas que no deben ser imputables a los consumidores, porque corresponden a negligencias de la empresa. Uno lo entendería si este servicio no tuviese ganancia, pero sabemos que las utilidades son excesivamente altas”.

Por otro lado, enfatizó en que tampoco existe claridad sobre las razones de los cortes. “No hay ninguna investigación de las superintendencias (Medio Ambiente y Servicios Sanitarios) que nos pueda decir a ciencia cierta que está pasando en la cuenca del Maipo que se producen tantos cortes ¿Se debe a que hay remoción de tierra por otros trabajos o al cambio climático? En realidad no hay una certeza”.

Desde su perspectiva, antes de cualquier determinación se deben investigar las razones de estos cortes, ya que si se producen por negligencias de la empresa, correspondería revocar su concesión. “La presidente de la República tiene las facultades para hacerlo en el caso de que las compañías no cumplan con lo que por ley deberían”.

El representante de la Fundación Newenko explicó que el alza de las tarifas también responde a un mercado que no está suficientemente regulado, pues las reglas que lo rigen ignoran consideraciones sociales y ambientales.

En ese sentido, recordó que todas las concesiones que proveen agua potable en zonas urbanas están reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios, la cual fija normas sobre el tratamiento de alcantarillados y la producción y distribución de agua potable.

Sin embargo, advirtió que “hay un montón de otros temas sobre los que se tiene que entrar a regular, que contemplan acciones que hoy las empresas están desarrollando, por ejemplo la venta de agua cruda a empresas mineras y compañías de energía, tal como ocurre actualmente con el convenio entre Aguas Andinas y Alto Maipo”.

De acuerdo a lo explicado por el abogado, para estos negocios las empresas usan las mismas infraestructuras que utilizan para suministrar agua potable.  No obstante, los usuarios no ven beneficios. “A la hora que estas compañías necesitan hacer mejoras de sus estructuras, nos cobran siempre a nosotros, aunque estas construcciones sirvan tanto para sus servicios regulados como no regulados. Este es un tema que no está resuelto”.

Por su parte,  Anthony Prior, uno de los voceros de la Coordinadora No Alto Maipo,  señaló que si bien no es posible afirmar que la construcción de la hidroeléctrica sea la responsable de los aluviones, si se puede asegurar que agrava de forma significativa la turbiedad del agua cuando hay desastres naturales. “Hay una relación entre la presencia de Alto Maipo y la turbiedad del agua aunque no es la única causa. El proyecto ha estado construyendo enormes túneles para los cuales se extrae un montón de material, de tierra y de piedra, que han quedado en muchas ocasiones en las orillas de los causas y se han vistos arrastrados por la lluvia hasta el río, ensuciando sus aguas”.

Mientras que respecto al alza de las tarifas, indicó que los cobros que se les han hecho a los consumidores en los últimos diez años  y los aumentos en se ha realizado durante el último tiempo tienen como fin mejorar la infraestructura para no paralizar el servicio en caso de emergencia. De acuerdo al vocero, lo que cabe preguntarse es qué ha pasado con lo que inicialmente se había destinado a estas inversiones.

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