Activistas piden revertir la privatización del agua en la capital poblana

 

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Activistas de la Asamblea Social del Agua (ASA) solicitaron públicamente al gobernador del estado, retirar la concesión del suministro del agua potable en la capital a la empresa Concesiones Integrales, que empezó a trabajar en mayo de 2014.

Señalaron que ahora que el Ejecutivo y el Legislativo han asegurado que no se busca la privatización del servicio en los municipios, es momento para revertir la concesión en la ciudad de Puebla.

Para conseguir esto solicitaron abrogar la Ley del Agua para el estado de Puebla, que se emitió en 2013 y fue con lo que se consintió la privatización bajo la figura de concesión.

María Eugenia Ochoa García, integrante de el ASA, sostuvo que desde 2013 la agrupación ha pugnado por hacer valer el derecho humano al agua, pero se ha tomado más en cuenta ahora con la reforma al artículo 12 de la Constitución del estado, que permite la privatización en los municipios.

En ese sentido, señaló que se requiere una nueva Ley de Aguas para la entidad que tenga un enfoque ciudadano y no de preferencia a particulares, como sucede con la legislación vigente.

En conferencia de prensa, recordó que la petición para reformar la ley está puesta en el Congreso desde meses atrás, pero no ha sido tomada en cuenta. Por ello pidió a los diputados que se desempolve ahora que está en polémica la última reforma constitucional que hicieron.

“La reforma ha provocado una amplia manifestación de inconformidad ciudadana en todo el estado, que ha escalado hasta la emisión de controversias constitucionales por algunas autoridades municipales, así como la acusación de falsedad de algunas actas de cabildo municipales. Pedimos que se analice el asunto de fondo”, dijo Ochoa este miércoles.

José Luis García Bello también criticó la Ley del Agua y argumentó que la legislación se refiere al vital líquido como una mercancía para comercializar, y no como un derecho humano.

Los integrantes de la ASA consideraron que se debe establecer una nueva ley en la que participen académicos, ciudadanos y legisladores para que se garantice que la legislación será para beneficio de la mayoría.

“La Ley de Aguas tiene que modificarse, echar abajo todo, porque no queremos que le pongan curitas como hasta ahora ha sucedido. Necesitamos una nueva ley para que se vaya la empresa Concesiones Integrales”, remató García Bello.

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