PUEBLA, Pue. (apro).- Autoridades de los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Xoxtla, Tlaltenango y Zoquitlán han presentado controversia constitucional en contra de la reforma al artículo 12 de la Carta Magna estatal, la cual abre la posibilidad de que el servicio de agua potable pueda ser privatizado.

Este miércoles, representantes de 10 municipios participaron en un Foro Estatal en Defensa del Agua, en el cual acordaron presentar ante el Congreso local una “contrarreforma” para cerrar el paso a la posibilidad de que el gobierno estatal tome bajo su control el servicio de agua, alcantarillado y drenaje y lo entregue en concesión a particulares, como ocurrió en Puebla capital.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, fue uno de los primeros que acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar abajo esta reforma.

Después se han sumado autoridades de otros municipios, en la mayoría de los casos presionadas por los pobladores que han recurrido a movilizaciones para exigirles que acudan a las instancias que correspondan para oponerse a la reforma.

Espinosa aseguró que tras este cambio legislativo, aprobado en enero, está el interés económico que representa concesionar el servicio de otros municipios a empresas privadas, tal como se hizo con Puebla capital desde 2013.

Luego recordó que el exgobernador Rafael Moreno Valle entregó el servicio a la empresa Concesiones Integrales por un pago de 2 mil 200 millones de pesos, sin que se conociera el destino que tuvieron esos recursos, que ni siquiera sirvieron para la construcción de plantas de tratamiento que hacen falta en esta entidad.

Otro de los acuerdos a los que llegaron los ciudadanos congregados en Cholula fue llevar a cabo foros regionales para advertir sobre los alcances que tendría la adición que se aprobó al 12 constitucional el pasado 6 de enero.

La reforma se anunció como un cambio para proteger el derecho del agua de la población, sin embargo, en la fracción 6 se estableció: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Esta última parte, señalan los inconformes, abre la posibilidad de que el Estado, con el argumento de garantizar el derecho del agua, quite a los municipios el control sobre el servicio y lo entregue en concesión a empresas privadas.

A esta conclusión se llega, aseguró el edil, además por el operativo que se llevó a cabo para presionar a los municipios para que aprobaran en cabildo la reforma a fin de promulgarla antes de que concluyera el sexenio de Moreno Valle.

Espinosa incluso acusó al dirigente estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, de ser el conducto para obligar a algunos municipios a aprobar el decreto de manera urgente.

Aparte, indicó que de los 142 municipios que supuestamente aprobaron el decreto para hacer válida la reforma constitucional, se ha detectado que al menos ocho no efectuaron sesiones de cabildo, por lo que las actas que se presentaron serían falsas.

“Es un tema muy delicado la falsificación de actas de cabildo para imponer a rajatabla la privatización del agua en los municipios”, declaró el edil cholulteca, afiliado a Morena.

Así, agregó, entre los municipios que supuestamente respaldaron la reforma se encuentran localidades que públicamente se han manifestado en su contra, como lo son San Martín Texmelucan, Coronango, San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Libres.

Los participantes en el Foro Estatal en Defensa del Agua además acordaron exigir al alcalde de Puebla, Luis Bank, que haga valer la autonomía del municipio y retire a la empresa Concesiones Integrales la concesión que recibió para prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje en esta ciudad.

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